La construcción del bien común

La construcción del bien común -que siempre incluye la preocupación por los más débiles- es una tarea permanente para el país y que se puede ir realizando si cultivamos una auténtica amistad cívica, cuidando nuestro sistema democrático. Las tensiones que han afectado en el último tiempo nuestra vida política y social y las habituales descalificaciones que ocupan espacios en el debate, muestran actitudes que desvirtúan la razón de ser del actuar en la vida pública. Amistad cívica es el cuidado de la calidad de nuestra vida democrática y de su prestigio. Fácilmente se puede deteriorar y dejar de ser relevante para los ciudadanos. No han sido pocas las confrontaciones estériles que no nos ayudan a convivir juntos. Se puede ser adversario y tener una causa común por el bien de la nación. Hay confrontaciones, críticas y cuestionamientos que permiten avanzar, pero otros son inútiles o francamente irresponsables. Las autoridades, actores sociales y medios de comunicación no siempre han sabido priorizar el bien común, contribuyendo así al desprestigio de la política. Al apartarse de su misión de servicio por buscar el propio beneficio o por sacar ventajas a sus contendores políticos, han desviado la atención de las tareas prioritarias de la agenda nacional, debilitando los consensos y dejando sin voz a los más necesitados. Es más, han puesto en peligro los beneficios alcanzados con la recuperación de la democracia. Las mezquinas ganancias de corto plazo han vuelto miopes a quienes tienen el deber y la responsabilidad de construir un país integrado y pacífico en el largo plazo. No pretendemos inhibir la necesaria fiscalización o la presentación de buenas soluciones a los problemas que afligen a Chile. Se trata de distinguir en el modo de hacer política entre las buenas y necesarias luchas de las que solo deterioran peligrosamente la convivencia nacional. En definitiva, de la voluntad de asumir tareas comunes y vivir juntos. Frágil cohesión social Un buen ejemplo de esa precaria amistad cívica es lo sucedido a propósito del sistema de transporte público Transantiago. Ha quedado en evidencia la falta de rigor y prolijidad en su implementación, por una parte, y de compromiso de algunos sectores de gobierno para mejorarlo. Parlamentarios del oficialismo, por otra, han usado los problemas del sistema para cobrar cuentas a sus adversarios. También la oposición intentó sin mucho éxito capitalizar a su favor el descontento de los santiaguinos. Y los medios de comunicación -que tenemos como misión informar- en lugar de facilitar las cosas en esta emergencia, muchas veces exacerbaron los ánimos. Una expresión de esta situación se dio con ocasión del Día del Joven Combatiente. Ese día hubo brotes de violencia inusitada, ataques con piedras y bombas molotov a Carabineros, destrucción de propiedad pública y privada, saqueo de tiendas comerciales y buses, vandalismo, agresión a figuras públicas, como una jueza y un ex ministro. Armas de fuego, barricadas, rostros cubiertos. La gran mayoría de los protagonistas de esta violencia eran menores de edad. El gobierno anticipó medidas de seguridad contribuyendo de alguna manera a que más grupos se plegaran a los desórdenes. Por su parte, no pocos medios de comunicación se hicieron funcionales a los objetivos de los promotores de la violencia. En los días previos fueron preparando el ambiente que, como una profecía autocumplida, ayudó a que efectivamente se produjeran manifestaciones violentas. Esos medios olvidaron su deber de contribuir al bien común, optando por priorizar aquellos efectos emocionales que podían aumentar su lectura o su audiencia. No es fácil mantener la paz social en Chile con las grandes desigualdades existentes y con una segregación creciente en las ciudades. No será posible alcanzar una sólida amistad cívica fundada en la justicia mientras las condiciones de vida de parte importante de la población del país sean precarias y vulnerables. Con mayor razón entonces debemos cuidar y no debilitar el orden público. No ayuda a este objetivo de gobernabilidad la falta de cooperación entre los distintos sectores, que posterga las soluciones a los problemas más apremiantes. Algo no está funcionando bien en el quehacer político cuando emergen estas situaciones. Responsabilidad en el servicio público La oposición en nuestro país ha contribuido al perfeccionamiento de nuestra democracia con actuaciones y denuncias significativas que han llevado a mejorar la transparencia y probidad en el servicio público. Sin embargo, no siempre se observa en los debates esa preocupación por las grandes tareas pendientes. En todo el espectro político, la consideración de los argumentos ajenos o la atención al bien común parecieran a veces suplantadas por la defensa de los propios intereses o la tentación de buscar figuración pública en la controversia del momento, a fin de asegurar posiciones ante los desafíos electorales próximos. No fue así en los primeros años del retorno a la democracia. Hubo, en esos momentos cruciales, una mayor conciencia de la responsabilidad que cabía a todos para construir la necesaria paz social. La fragilidad inicial de nuestro sistema democrático ayudó probablemente a que se actuara con prudencia y altura de miras. Hoy nos preocupa el cuidado de la democracia porque creemos que es un valor relevante para los habitantes de nuestro país. El desprestigio de los políticos es alarmante. El trabajo parlamentario es percibido negativamente y con recelo. Para fortalecer nuestra institucionalidad se requiere de un espíritu de colaboración. Debemos encontrar la fórmula para terminar con la exclusión del Parlamento que sufren algunos sectores políticos. Colaborar para que quienes ocupen cargos de responsabilidad pública sean los mejor calificados, más allá de compromisos electorales o de coaliciones. Revertir el envejecimiento del patrón electoral que pone en peligro el futuro de nuestra democracia en Chile. El Parlamento y el Ejecutivo deben mejorar y aprobar las medidas de transparencia sujetas a trámite y garantizar adecuados sistemas de rendición de cuentas (accountability). En cuanto a las metas de futuro, los dirigentes políticos debieran concentrarse más y mejor en sus tareas esenciales. Temas como la búsqueda de una gestión social efectiva, mayores grados de transparencia y probidad, definiciones sobre los planes de desarrollo integrales para las regiones, mejores resguardos para la seguridad ciudadana, la formulación de políticas para afrontar los efectos del cambio climático o una legislación para acoger a los inmigrantes, no deben quedar desplazados del primer lugar de sus prioridades. Imperativo ético esencial Hoy nuestro país parece mejorar sus perspectivas económicas, se dan las condiciones para luchar eficazmente contra la pobreza y se ha logrado un razonable consenso en torno a la prioridad que debe tener el combate contra la desigualdad. Por tanto, es un imperativo ético esencial que los líderes políticos, los empresarios y los medios de comunicación social con influencia en el debate público, busquemos responsablemente el bien común, aunque esto implique sacrificar intereses particulares. Tenemos que desechar la ganancia política o económica particular de corto plazo que se logra con la adopción de posturas donde no suele primar la consideración de las necesidades nacionales o la voluntad de resolver las justas demandas sociales en un clima de paz social y creciente amistad cívica. Los obispos de Chile en su última Asamblea Plenaria nos alertan ante: una tendencia peligrosa a exacerbar el conflicto, presentando una mirada pesimista de la realidad y un panorama desolador del futuro. Todo esto reclama un mejoramiento de la calidad de la política, recuperando su sentido más profundo de servicio al Bien Común. También más responsabilidad para dotarla de mayor legitimidad, comprometiendo al mismo tiempo una activa y responsable participación ciudadana en los asuntos de interés público.